Un millar de personas se ha reunido este lunes en la Plaza de Navarra de Huesca para expresar su apoyo a Sergio Martínez, secretario provincial del sindicato CGT, delegado y miembro de la Junta de Personal Docente, sobre el que pesa una propuesta de sanción de diez meses de suspensión de empleo y sueldo. La concentración también ha reclamado con insistencia el cese del inspector jefe de Educación, en una tarde en la que las lágrimas han aflorado entre algunos asistentes y el profesor, visiblemente conmovido, ha recibido el cariño de un numeroso grupo de alumnos y alumnas.
El profesor de Historia del IES Ramón y Cajal ha agradecido el respaldo recibido de su familia, compañeros, organizaciones sindicales y estudiantes, y ha reivindicado que su vocación docente permanece intacta. En su intervención ha defendido además que ejercer la representación de los trabajadores y denunciar situaciones que considera injustas forma parte de los derechos que deben poder ejercerse sin temor a consecuencias laborales.
La concentración ha reflejado asimismo el respaldo unánime de las organizaciones sindicales de la enseñanza. Representantes de la Junta de Personal de Huesca y de CGT, STEA, UGT, CCOO, CSIF y ANPE han reclamado el cese del inspector jefe, la anulación de la propuesta disciplinaria y la revisión de los expedientes y apercibimientos tramitados durante los últimos años. Las reivindicaciones han quedado resumidas en consignas como "Menos expedientes y más docentes" y "Basta ya de persecución, fuera ya jefe de inspección!.
Antes de que comenzara el acto, Mar, alumna de Sergio Martínez por segundo curso consecutivo, ha atendido a los medios para explicar cómo está viviendo el alumnado la situación de su profesor. Ha asegurado que existe "mucha decepción" ante la posibilidad de que tenga que abandonar el centro y ha destacado la huella que ha dejado en su formación: "Nos ha marcado mucho".
La estudiante ha puesto en valor su implicación con la clase y su manera de impartir Historia. Ha explicado que consigue hacer que la asignatura resulte "muy fácil" y que transmite una pasión que permite acercarse a la materia de otra manera. "Se involucra muchísimo con nosotros", ha señalado, al tiempo que ha destacado su capacidad para enseñar desde el entusiasmo y despertar en sus estudiantes el interés por lo que aprenden.
Mar también ha subrayado la dimensión humana del docente y ha afirmado que trabaja "desde el corazón". Lo ha definido como "de los mejores profesores que hay hoy en día" y ha manifestado su rechazo a que la propuesta disciplinaria llegue a ejecutarse. Su posible marcha, ha expresado, le causaría un profundo dolor.
EL MANIFIESTO
El manifiesto, leído durante la concentración, ha arrancado con una defensa expresa de la libertad sindical. CGT, con el respaldo de CSIF, CCOO, UGT, STEA y ANPE, ha reivindicado el derecho de los trabajadores a organizarse, representar a sus compañeros, denunciar situaciones que consideran injustas y criticar públicamente las decisiones de la Administración. El expediente abierto a "Pichi", han señalado, está relacionado con el ejercicio de esa actividad sindical.
A partir de ahí, el texto ha dirigido varias preguntas al funcionamiento de la Inspección Educativa: qué límites deben regir sus actuaciones cuando afectan a un docente que, además, ejerce como representante sindical y qué garantías deben acompañar cualquier procedimiento administrativo. Los sindicatos han advertido de una situación de "miedo, presión y desprotección" entre los trabajadores de la enseñanza pública de Huesca y han establecido una diferencia con el escenario de Zaragoza y Teruel.
Frente a esta situación, las organizaciones han reclamado una Inspección que acompañe, asesore y oriente a los centros y que tenga como objetivo la mejora de la calidad educativa. En su opinión, esa función resulta incompatible con actuaciones dirigidas contra profesionales que participan en la vida de los centros y ejercen labores de representación.
El manifiesto ha puesto también el foco en quién controla las decisiones de la propia Administración. Los firmantes han preguntado quién comprueba que sus actuaciones sean proporcionales y quién investiga las posibles irregularidades o deficiencias denunciadas por trabajadores, representantes sindicales u otras personas afectadas. Han reclamado, además, que los procedimientos disciplinarios se desarrollen con todas las garantías y con respeto a los derechos fundamentales.
Las organizaciones han concretado sus exigencias en tres medidas: el cese del inspector jefe, la anulación de la propuesta de sanción contra el delegado de CGT y la revisión de los expedientes y apercibimientos tramitados durante los últimos años. La movilización, han defendido, no se limita al caso de Pichi, sino que pretende respaldar también a quienes puedan encontrarse en el futuro en una situación similar.
El manifiesto ha reservado sus últimos párrafos para la dimensión personal del conflicto. Ha recordado los años de trabajo del delegado al servicio de sus compañeros y el respaldo que ha encontrado entre otras organizaciones sindicales, profesores, familias y estudiantes. El cierre ha convertido ese respaldo en una declaración colectiva de solidaridad: "Pichi, no estás solo". Después han vuelto a escucharse en la plaza los gritos de "¡Basta ya de persecución!" y "¡Fuera ya, jefe de inspección!".
"NO VAMOS A DEJAR DE HABLAR"
Tras la lectura del manifiesto, Sergio Martínez ha coincidido con los planteamientos expuestos y ha añadido una referencia al origen del procedimiento disciplinario. Ha explicado que en marzo recibió la comunicación de apertura del expediente por unas declaraciones realizadas a un medio de comunicación, cuando el conflicto del IES Ramón y Cajal ya había trascendido públicamente y tanto el centro como las circunstancias que lo habían desencadenado habían sido objeto de informaciones.
El profesor ha recordado que intervino como representante sindical elegido por sus compañeros para denunciar unos hechos que, a su juicio, debían ser objeto de una investigación. Casi dos años después, ha señalado, continúa pendiente de conocer "qué ocurrió realmente". Ha recordado que el asunto llegó a las Cortes de Aragón, desde donde se reclamó que se esclareciera lo sucedido, y ha explicado que los trabajadores llevan ese tiempo reclamando una investigación independiente, con todas las partes escuchadas y con una determinación clara de las responsabilidades que pudieran corresponder.
En ese periodo, ha añadido, el resultado que ahora tiene delante resulta "difícil de comprender": quien puso aquellos hechos en conocimiento público afronta una propuesta de diez meses de suspensión de empleo y sueldo, con consecuencias personales, económicas y laborales que ha calificado de "gravísimas". Ha señalado asimismo que los representantes de los trabajadores llevan tiempo recibiendo quejas sobre determinadas actuaciones de la Inspección de Huesca que algunos profesionales consideran abusivas o basadas en interpretaciones personalistas de la normativa.
Martínez se ha dirigido también a la consejera de Educación, Carmen Susín, para defender una Inspección profesional, independiente, respetada y fuerte. Al mismo tiempo, ha reclamado que quienes supervisan la labor docente estén sometidos a los mismos principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, responsabilidad y transparencia que se exigen al profesorado. "No puede haber una vara de medir para unos y otra para otros", ha afirmado.
En el tramo final, ha reafirmado su intención de continuar desempeñando su labor como representante de los trabajadores, recurriendo a los mecanismos legales y sindicales disponibles. Ha asegurado que seguirá formulando preguntas, reclamando explicaciones y denunciando aquellas actuaciones que considere irregulares. "Hoy soy yo. Mañana podría ser cualquiera de nosotros", ha concluido, antes de reivindicar que la libertad sindical seguirá formando parte de su manera de ejercer la representación.
LOS SINDICATOS, UNIDOS
Raúl Ramón, de CGT, ha explicado que la concentración se ha celebrado coincidiendo con la presentación de las alegaciones al expediente disciplinario abierto contra Sergio Martínez. Ha recordado que la propuesta contempla diez meses de suspensión de empleo y sueldo y ha advertido de las consecuencias que tendría para el profesor, incluida la pérdida de su puesto de trabajo. El representante sindical ha señalado que el procedimiento se encuentra todavía en la vía administrativa y que, una vez concluida esta fase, podría continuar en los tribunales. Las organizaciones sindicales tienen previsto ofrecer este miércoles una rueda de prensa conjunta, a las 9.00 horas, en el IES Ramón y Cajal, para informar de las próximas actuaciones.
Lucía Bellosta, de STEA Intersindical, ha destacado la unidad mantenida por las organizaciones sindicales de las tres provincias aragonesas desde el inicio del conflicto. Ha recordado que durante los últimos dos años se han producido reuniones con la Dirección Provincial y los responsables del servicio para trasladar situaciones que, a juicio de los sindicatos, no se corresponden con la realidad de los centros educativos. En este contexto, ha situado el caso de Martínez como un precedente especialmente relevante por afectar a un representante sindical y a un profesor con una larga trayectoria. Ha defendido que el expediente no refleja la realidad de los centros ni la labor que desarrolla el profesorado.
Carolina Gállego, de UGT Enseñanza Huesca, ha expresado el respaldo de su organización al profesor y ha centrado su intervención en la necesidad de establecer criterios comunes para la Inspección educativa en las tres provincias. Ha señalado que existen diferencias entre las actuaciones desarrolladas en Huesca y las que se producen en Zaragoza y Teruel, una situación que, según ha planteado, requiere una revisión conjunta por parte de la Administración y de las organizaciones sindicales. Ha asegurado que los sindicatos continuarán trabajando unidos para reclamar esa homogeneización.
Teresa Hernández, de ANPE, ha incidido en la dimensión que puede adquirir este expediente como precedente para el conjunto del profesorado. Ha recordado que las organizaciones sindicales llevan dos años reclamando el relevo de la jefatura de Inspección y una mayor coordinación entre las tres provincias, además de una reducción del exceso de exigencia que, según ha denunciado, se está produciendo en Huesca. Ha señalado que varias organizaciones han mantenido reuniones incluso con la consejera de Educación sin que, a su juicio, se hayan producido avances. "No podemos tener miedo los profesores al ir a trabajar", ha advertido.
Rubén Ferrer, de CSIF, ha cuestionado la inacción institucional ante una situación que, según ha expuesto, continúa sin respuesta pese a las reuniones mantenidas con la consejera de Educación. El representante sindical ha señalado que la Administración no ha dado pasos para abordar el problema y ha valorado como contundente la reacción de los asistentes a la concentración. Ha advertido asimismo de que las organizaciones sindicales adoptarán medidas más firmes si no llegan soluciones. "No podemos tener miedo los profesores al ir a trabajar", ha rematado.
Ana París, de CCOO, ha situado la propuesta disciplinaria como un episodio dentro de un conflicto más amplio en torno al funcionamiento de la Inspección educativa en Huesca. "Es la gota que ha colmado el vaso", ha afirmado, antes de considerar a Martínez "la punta del iceberg" de una problemática que, según ha señalado, afecta a otros profesionales. Ha cuestionado los diez meses de suspensión planteados y ha reclamado un cambio en la manera de actuar de la Inspección, de modo que su función se oriente también a apoyar, ayudar y acompañar al profesorado.
La representante de CCOO ha apuntado además que la adopción de medidas disciplinarias puede formar parte de las competencias administrativas cuando corresponda, pero ha defendido un cambio de enfoque en la relación con los centros y sus profesionales. A su juicio, actualmente se está imponiendo una lógica en la que primero se sanciona y después se ofrece apoyo, cuando existen otras vías para abordar los conflictos. París ha confirmado igualmente que las organizaciones sindicales comparecerán juntas este miércoles para anunciar nuevas movilizaciones.