Los sindicatos CSIF, CGT, CCOO, HUSTE-STEA, UGT y ANPE cifran en cerca del 50% el seguimiento de la huelga educativa celebrada en Huesca -Educación la cifrió en el 30 %-y en casi 2.000 personas la participación en la manifestación, según los datos que han difundido este viernes. Las organizaciones valoran muy positivamente ambas cifras y consideran que reflejan el malestar de la comunidad educativa y la necesidad de que la Administración responda a sus reivindicaciones.
En un comunicado conjunto, las seis organizaciones han agradecido el respaldo de docentes, alumnado, equipos directivos, familias y otros integrantes de la comunidad educativa. Los sindicatos califican la movilización de "histórica" por su alcance provincial y sostienen que el profesorado ha demostrado su disposición a defender su dignidad profesional y una educación pública de calidad.
Las organizaciones convocantes denuncian también la presión ejercida desde la Administración y aseguran que ni el desgaste acumulado durante estos años ni los apercibimientos que consideran ejemplarizantes han frenado las protestas. A su juicio, el conflicto sigue presente en los centros y necesita soluciones urgentes.
Los sindicatos sitúan el origen de la huelga en dos años de denuncias, reclamaciones y actuaciones que, según afirman, no han obtenido una respuesta satisfactoria. Durante este periodo, aseguran haber presentado quejas y promovido resoluciones desde la Junta de Personal Docente, trasladado el conflicto a las Cortes de Aragón, acudido a distintas instituciones y convocado concentraciones y movilizaciones para reclamar una solución dialogada.
Ante la falta de avances suficientes, las organizaciones decidieron convocar la huelga. Ahora piden a la consejera de Educación y al director provincial de Educación de Huesca que tengan en cuenta la dimensión del malestar y no reduzcan lo ocurrido a una protesta puntual. En su comunicado, reclaman explicaciones, garantías para los procedimientos abiertos y medidas que permitan recuperar la confianza en la Administración educativa.
CUATRO REIVINDICACIONES SINDICALES
Las organizaciones mantienen sus demandas y subrayan que la huelga no supone el cierre del conflicto. La primera es la eliminación de los mínimos imprescindibles, que consideran una carga burocrática añadida y una limitación de la autonomía pedagógica de los centros y del profesorado.
La segunda consiste en unificar los criterios de la Inspección Educativa en Aragón, de manera que se aplique la misma normativa y se establezcan idénticas exigencias y procedimientos en Huesca, Zaragoza y Teruel. Los sindicatos reclaman asimismo una revisión externa e independiente de las sanciones impuestas en la provincia oscense para garantizar, según sostienen, la objetividad, la proporcionalidad y el respeto a los derechos del profesorado.
La cuarta exigencia es el cese del inspector jefe de Educación de Huesca, una medida que las organizaciones consideran necesaria para superar el conflicto, recuperar la confianza de los docentes y avanzar hacia un modelo de inspección basado en el diálogo, el asesoramiento y la colaboración.
Los sindicatos atribuyen además al director provincial de Educación la responsabilidad sobre las actuaciones de la Jefatura de Inspección. Por ello, exigen que la Administración supervise las decisiones que se adopten, garantice que se ajusten a la normativa vigente y ponga fin a cualquier práctica que, según denuncian, genere presión, inseguridad o desconfianza entre el profesorado.
PIDEN UNA VÍA DE DIÁLOGO
Las seis organizaciones piden que se abra una vía de diálogo efectiva y que la Administración responda a sus reivindicaciones. En el comunicado, se dirigen expresamente a la consejera de Educación y al director provincial: "El fin de este conflicto está en sus manos".
Los sindicatos consideran que la comunidad educativa ha cumplido con su responsabilidad al presentar denuncias, acudir a las instituciones, movilizarse y secundar la huelga. Reclaman ahora respuestas concretas para recuperar unas condiciones de trabajo dignas, la autonomía profesional y la confianza en la Administración educativa. El comunicado concluye con una pregunta dirigida a los responsables educativos: "¿Qué más tenemos que hacer para que nos escuchen?".