La presión y las coacciones que, según los sindicatos, se han instalado en los centros educativos de Huesca han convertido la actuación de la Inspección Educativa en el eje de una nueva protesta que este martes ha reunido a CCOO, CGT, UGT, CSIF, HUSTE y ANPE en la Plaza Cervantes. Las organizaciones han denunciado un modelo que, a su juicio, ha sustituido el asesoramiento por la presión y la sanción, y han reclamado tres medidas para recuperar la confianza: el cese del inspector jefe, el cambio del modelo de Inspección Educativa y la equiparación de los criterios aplicados en Huesca, Zaragoza y Teruel. En los centros, han advertido, se ha extendido una sensación de intimidación que ha terminado por generar "miedo".
La concentración se ha producido ante el Servicio Provincial de Educación del Gobierno de Aragón, después de que los representantes de las seis organizaciones hayan mantenido a las 10:00 horas un encuentro con el nuevo director provincial de Educación, Carlos Oliván. La reunión ha servido como primera toma de contacto con el responsable recién incorporado, aunque los sindicatos han salido de ella "sin nada fructífero" y sin compromisos concretos sobre las cuestiones que arrastra el sector.
Las centrales han acudido como organizaciones sindicales, y no como Junta de Personal que aún no se ha constituido, para trasladar una visión global de los problemas pendientes desde el pasado curso. Entre ellos han colocado en primer plano la situación del delegado de CGT en el IES Ramón y Cajal, al que se ha propuesto una sanción de diez meses de suspensión de empleo y sueldo, una medida que consideran "sin precedentes".
Los sindicatos han cuestionado que un mayor número de expedientes o infracciones pueda interpretarse como un indicador de eficacia. A su juicio, la Inspección Educativa debe priorizar el acompañamiento de los centros, la orientación de los profesionales y la subsanación de las deficiencias, mientras que las medidas disciplinarias deberían constituir el último recurso. Por ello, han reclamado un cambio de enfoque que prime la prevención y la asistencia frente a una actuación basada en el castigo.
En esa misma línea, los convocantes han planteado que una Inspección concebida como figura de apoyo pierde su sentido cuando quienes trabajan en los centros dejan de acudir a ella para resolver dudas o solicitar orientación. "Estamos amedrentados", han expresado, antes de subrayar que la protesta sindical también supone un ejercicio de valentía por parte de profesionales que no se sienten cómodos a la hora de exteriorizar su posición.
La propuesta de sanción al delegado de CGT constituye, a juicio de las organizaciones convocantes, el episodio más grave de una situación que se prolonga desde hace aproximadamente tres años. La propuesta de suspensión de empleo y sueldo durante diez meses ha sido calificada como "una barbaridad" y "algo sin precedentes". Los sindicatos han defendido que la respuesta debe trascender el caso concreto del IES Ramón y Cajal porque existen otros profesionales que, según sostienen, atraviesan circunstancias similares.
Las organizaciones no desechan ampliar las medidas de protesta si finalmente se ejecuta la sanción. En este sentido, una de las representantes sindicales ha advertido: "No descartamos ninguna vía de movilización". La asamblea celebrada la víspera con docentes se prolongó hasta cerca de las 23:00 horas y en eslla se abordó esta y otras cuestiones.
Los sindicatos reclaman una respuesta contundente de la Administración y se ha cuestionado que la Inspección pueda convertir el desarrollo de determinadas normas en obligaciones adicionales para los centros. Además, han denunciado el creciente peso burocrático que soportan los equipos docentes, con programas y procedimientos que, en su opinión, dificultan la tarea educativa y alejan a la Inspección de su función esencial.
La representación sindical ha planteado, igualmente,que la situación de Huesca presenta características propias respecto a Zaragoza y Teruel. "¿Dónde está la administración? ¿Quién está controlando la inspección educativa? ¿Por qué no están haciendo caso o por qué no investiga las denuncias que nosotros estamos planteando?", han preguntado los convocantes, que han reclamado explicaciones sobre el marco legal y administrativo que permite que se mantengan estas diferencias.
El cese del actual inspector jefe se ha situado así como una reivindicación que, de momento, parece alejada de la posición expresada por la Administración. Las organizaciones han insistido en que no se trata únicamente de sustituir a una persona. A su juicio, resulta necesario modificar la manera de ejercer la jefatura y transformar la relación entre inspectores y centros. Han recordado que en etapas anteriores existía una relación más próxima, en la que los equipos podían recurrir a estos profesionales para plantear consultas o pedir ayuda.
"Otra manera de hacer la jefatura de Inspección es posible. Se ha visto en años pasados, cuando tú no tenías miedo de pedir ayuda: si tenías una duda, llamabas al inspector. Ahora no se llama al inspector".
Durante el encuentro con Carlos Oliván, las centrales han trasladado esta problemática al nuevo director provincial, quien ha señalado que la cuestión le interesa y que estudiará la situación. Las organizaciones quedan ahora a la espera de que ese análisis permita adoptar medidas ante un conflicto que, según han remarcado, no es reciente.
La equiparación territorial constituye otra de las reclamaciones centrales. Los sindicatos sostienen que Zaragoza y Teruel no aplican los mismos criterios que Huesca y reclaman una actuación homogénea que evite diferencias en la apertura de expedientes, la consideración de infracciones o la imposición de sanciones.
Los datos oficiales trasladados por las organizaciones sindicales apuntan a 48 expedientes o infracciones en Huesca, frente a 21 en Zaragoza y 11 en Teruel. La cifra oscense supera por sí sola la suma de las otras dos provincias y, si se atiende al número de docentes, la proporción duplica la registrada en Zaragoza.
El nuevo director provincial ha situado entre sus prioridades iniciales el transporte escolar, las rutas y los comedores, mientras que la Inspección queda para una fase posterior. Las centrales han considerado legítimo ese orden de actuación, pero han reclamado que esta cuestión reciba atención por la dimensión y la antigüedad del conflicto.
La protesta ha puesto de manifiesto que el problema trasciende la sanción al delegado de CGT. Las organizaciones sindicales han reclamado un "ejercicio de realidad" frente a la idea de que el sistema funciona con normalidad y los profesionales están satisfechos. Según han expuesto, las consultas que reciben de docentes y equipos directivos reflejan un deterioro de la confianza hacia el servicio inspector.
Las seis centrales han situado como punto de partida para recuperar esa confianza tres exigencias: el cese del inspector jefe, el cambio del modelo de Inspección Educativa y la equiparación de las tres provincias. La primera debería abrir una nueva etapa; la segunda, modificar la relación entre la Inspección y los centros, y la tercera, garantizar criterios equivalentes en Huesca, Zaragoza y Teruel. "Eso no puede ser", han advertido.
De cara a este miércoles, los sindicatos han convocado una nueva acción bajo el lema “Basta ya del abuso de Inspección”, con una llamada a los centros educativos para que se fotografíen de espaldas durante el recreo y hagan visible su rechazo a la situación denunciada. La movilización reclama además el cese del inspector jefe, la anulación de la propuesta de sanción al compañero y la revisión de todos los expedientes y apercibimientos de los últimos dos años en Huesca.