Una valla y unos alicates para cortarla ha representado ante la sede del Servicio Provincial de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón en Huesca la reclamación de que se lleven a cabo las acciones necesarias para eliminar el vallado cinegético y recuperar el acceso a la Cueva de Chaves y la finca de Bastarás. Una sentencia del Tribunal Supremo ampara desde 2015 que se retire, pero han pasado nueve años sin que se hayan dado los pasos, entre ellos el estudio de los animales que se encuentran en la finca para que no generen daños ambientales y agrícolas.
Esta concentración este miércoles a las puertas del edificio de la DGA en la plaza de Cervantes ha sido una nueva movilización de los colectivos Ecologistas en Acción de Huesca, Asociación Valle de la Gloria, Apudepa y la Plataforma por la Defensa del Patrimonio de Huesca, para exigir la recuperación de este espacio “tras años de incumplimientos”, en esta ocasión con el lema “¿Volverá la primavera a la Cueva de Chaves?”, recordando la popular campaña de El Corte Inglés. Una vez finalizada la acción reivindicativa, se ha entregado un escrito con las peticiones dirigido al director general de Medio Natural del Gobierno aragonés, Alfonso Calvo.
La Cueva de Chaves y su entorno había sido una zona de esparcimiento, derecho que se conculcó cuando la empresa Fimbas convirtió la finca en un coto intensivo de caza, instaló una valla cinegética en todo su perímetro y se dotó de personal de seguridad para no permitir el acceso a esos espacios públicos.
Los colectivos que impulsan esta movilización señalan que detrás de la demanda de eliminación de este vallado está principalmente la población local y también asociaciones de defensa del patrimonio cultural, montañeras y ecologistas que demandan que se garantice el acceso senderista por los caminos públicos e históricos que atraviesan la finca, al interior del pueblo de Bastaras, a los abrigos de pinturas rupestres, Cueva de Chaves y a todas las zonas de interés medio ambiental y geológico que, a pesar de encontrarse en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, no se han podido visitar durante décadas.
Chesús Ferrer, de Ecologistas en Acción, ha contado que incluso en una ocasión la directora general de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad intentó entrar con agentes de la Guardia Civil para recuperar un pollo de quebrantahuesos y no pudo, por lo que tuvo que recurrir al Juzgado para acceder.
Ferrer ha recordado que este espacio está reconocido por figuras de protección cultural y medioambiental autonómicas, estatales e internacionales, como Patrimonio Mundial declarado por la Unesco desde 1998, Bien de Interés Cultural (BIC) Solencio I, II y III, Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa) de la Sierra y Cañones de Guara y Zona de Especial Conservación (ZEC) Sierra y Cañones de Guara.
Ha recordado que el Gobierno de Aragón intentó la retirada del vallado a través de la “apertura de un expediente más -de las decenas que ha abierto- a la empresa Fimbas, en este caso por una infracción muy grave de introducción de especies alóctonas, en concreto arruís, con una multa de 30.000 euros y anulación del coto, por lo que el vallado cinegético debía retirarse al dejar de tener sentido”, ha explicado Ferrer. La empresa recurrió y llegó al Tribunal Supremo, que dio la razón al Gobierno de Aragón, en sentencia de febrero de 2015.
Ha seguido relatando que el Gobierno de Aragón requirió a la empresa que proceda a eliminar las especies alóctonas del interior de la finca y a reducir la población de animales para que no produzcan afecciones a tierras agrícolas y al medioambiente cuando la valla se retire, "porque ahora mismo la densidad es brutal, muy por encima de las posibilidades que ese terreno tendría en circunstancias normales”. El plazo que se fijó fue entre agosto 2015 y junio de 2017 para que la empresa eliminara las tres especies alóctonas, en concreto muflones, gamos y arruís, y para reducir la población de jabalíes a 150 ejemplares y la de ciervos a 50. "No tenemos información oficial, pero entendemos que no se ha hecho", ha señalado.
El Gobierno de Aragón se daba dos años para asegurarse de que se habían cumplido los requisitos antes de eliminar el vallado. También indicaba que, en caso de que la empresa no lo hiciera, lo llevaría a cabo la administración de forma subsidiaria. “Han pasado nueve años desde que el Tribunal Supremo confirmó que la medida de retirada del vallado es legal y hasta el momento no se ha hecho”, ha lamentado Ferrer.
Ante esta situación, los colectivos piden que se actúe con la mayor brevedad posible y plantean una serie de peticiones. En primer lugar, que se proceda a retirar la totalidad del vallado cinegético perimetral de la finca Bastaras, y el vallado interior si existiese. También que se realice un estudio de los ejemplares y especies animales que se encuentran en el coto, a fin de que sea acorde para que no se generen daños ambientales y agrícolas, y que los costes estas actuaciones se requieran a la empresa Fimbas.
Además, se exige que se realicen las actuaciones necesarias para solicitar el cumplimiento de la sentencia por el proceso de destrucción de la Cueva de Chaves, en el sentido de que el Gobierno de Aragón pase a ostentar la propiedad y la posesión de la finca de Bastarás. El objetivo es que este espacio sea definitivamente público y ayude tanto al acceso y visitas al mismo, como a la protección y conservación de sus valores culturales y ambientales.
Finalmente, requiere que se restauren todos los espacios dañados ambientalmente por la gestión irregular de Fimbas durante décadas, como roturación, pistas nuevas y ensanchamiento de las existentes y construcción de embalses, entre otras.