El horizonte de la instrucción del caso Oikos parece atisbar su fin, salvo sorpresa de última hora en una causa que suma ya más de 45 meses. La juez del número 5, Alicia Bustillo, citó al perito designado para el 9 de febrero, y le concedió según comunicó a las partes en la providencia del 21 de febrero dos meses para practicar las pruebas sobre las obras de El Alcoraz.
Son tres las facturas que ha de comprobar Jesús Marco Llompart, el perito. La primera, la de “la factura de Pryobras PO125/2017 de fecha 27/09/2017, por importe de 14.282,88 euros", que documenta los trabajos ejecutados, a requerimiento de LaLiga para la adecuación de la sala a utilizar por la UCO (Unidad Central Operativa de La Policía Nacional)".
La segunda, se refiere a la de fecha 04/10/17, por importe de 21.568,25 euros, sobre los trabajos ejecutados en concepto de “Demolición de cubierta del depósito aljibe, encauzado de tuberías para depósito, colocación de vigas y bovedillas y posterior planchel de hormigón, así como la limpieza interior”.
Finalmente, las obras de la factura de Pryobras PO114/2017, de fecha 15/09/2017, por importe de 7.100,40 euros, “Trabajos realizados desde el 26/06/17 hasta el 16/07/2017”.
El importe de las tres asciende a 42.951,53 euros y el análisis determinará si corresponden a los precios de mercado o, por el contrario como sostiene la investigación policial, habrían sido infladas para las primas a terceros del partido Reus-Valladolid, última de las situaciones analizadas en la Oikos (comenzó con un asunto de presuntas apuestas ilegales que ha quedado ya fuera del foco) y por la que ya han sido sobreseídos todos los jugadores del Reus y el doctor Galindo. Según la policía, el montante de las primas a terceros sería entre 250.000 y 270.000 euros, fuera del alcance, desde luego, de cualquier posible inflación de estas tres facturas.
Por otro lado, cabe recordar la doctrina del Tribunal Supremo que ha creado jurisprudencia y niega la consideración de delito las primas a terceros, tal y como adelantó EL DIARIO DE HUESCA.
Las defensas están expectantes ante el final de la instrucción de un caso que, como señalan prácticamente de forma unánime, pasará a la historia judicial española como uno de los paradigmas de los despropósitos en la investigación policial y en el seguidismo del juez. Falta poco más de un mes, aunque nadie garantiza nada, para que una pena de banquillo contradictoria con la diligencia que reclama la Ley de Enjuiciamiento Criminal (para no dilatar innecesariamente los procesos) pueda ver su fin. Serán, como mínimo, más de 46 meses. Casi cuatro años de condena vital a los investigados, que ya son...