El caso del agente del Banco de Santander de Gurrea de Gállego investigado penalmente por las denuncias de clientes y de la Agencia Tributaria por apropiación indebida/estafa, suplantación de identidad y falsificación de documento mercantil adquirió un punto de inflexión en mayo de 2021, cuando la entidad le comunicó que dejaba de contar con sus servicios y cerraba la sucursal de la localidad. J.A.M. colocó, bien visible, un cartel en el que comunicaba que "El Banco Santander ha decidido cerrar esta oficina de forma unilateral. Atentamente, de parte del agente de Gurrea de Gállego, muchas gracias por los años de convivencia".
A modo de postdata, el cartel ponía una NOTA: "Adjunto carta de cierre de oficina emitida por el banco (con la que por supuesto no estoy conforme", y emitía también un aviso en el sentido de que en breve reabriría para atenderles como una asesoría. Bien es cierto que su papel asesor fue ejercido en todo momento, eso sí, para presuntamente apropiarse de no pocas cantidades dinerarias al falsificar las firmas de sus clientes con la excusa de simular destinarlas al pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social de los clientes, a los que previamente, les había ofrecido gestionarles sus obligaciones tributarias en atención a ser clientes de la entidad bancaria.
"Nos referimos al contrato de Agente que tenemos suscrito con Vd. para comunicarle por medio de este escrito, formal y expresamente, la decisión de nuestra entidad de declarar resuelto el contrato", inicia el Banco Santander la comunicación de 25 de mayo de 2021.
Explica a continuación las razones para adoptar esa determinación. "Su falta de dedicación a la actividad de mediación encomendada en el referido contrato de agencia, en los términos indicados en el apartado G de la cláusula Tercera "Obligaciones del Agente", fundada en el hecho de no haber alcanzado los objetivos mínimos de actividad y de captación de nuevos clientes justifican la imposibilidad de continuar la relación y suponen un incumplimiento de las obligaciones establecidas en su contrato". Implica que, "a la recepción de la presente, debe tener por resuelto el contrato, y por perdida su condición de Agente del Banco, cesando inmediatamente en cualquier actuación ante terceros pur cuenta o en nombre del Banco".
En consecuencia, "los poderes que en su caso hubieran sido concedidos se consideran revocados desde este momento, por lo que le instamos a que nos entregue los documentos y materiales que el Banco hubiera puesto a su disposición, tanto de carácter formativo como comercial y muy especialmente todos aquellos que incorporen signos distintivos de nuestra entidad. Nos ponemos a su disposición para la retirada bajo inventario de los citados elementos quedando a la espera de sus noticias a tal efecto".
Públicamente, JAM anunció que había demandado al Banco Santander por el cierre, y no quitó esos papeles expuestos en el exterior del inmueble hasta el mes de septiembre, a raíz de la detención por la Guardia Civil. Aunque un miembro de la entidad se personó para retirar esos papeles, no pudo hacerlo al estar vigente el contrato de alquiler del local.
COMISIONES POR LAS CANTIDADES ESTAFADAS
El enfado de los clientes presuntamente estafados ha ido en aumento, y no sólo contra el agente sino también contra el Banco de Santander en cuyo nombre realizaba JAM las gestiones ora de póliza de préstamo de la PAC, ora de abono de impuestos, ora de pago de cotizaciones de la Seguridad Social, entre otras casuísticas que, probablemente, se acrecentarán por la más que posible irrupción de nuevos perjudicados a poco que acudan a su sucursal más cercana de la entidad y pidan un extracto bancario de los últimoz diez años y revisen las firmas de extracciones de efectivo en su agencia de Gurrea de Gállego.
Los clientes del Santander afectados han presentado reclamaciones por algunos "detalles" nada baladíes, al considerar que han pagado cláusulas abusivas y comisiones por las cantidades apropiadas por el agente. Por ejemplo, la comisión de apertura del 3,5 % en el caso de la PAC inflada por el investigado se realiza sobre los 21.500 euros que dispuso éste frente a la de los 12.000 euros que era la cantidad que demandaba (y percibida). Se agregan intereses moratorios del 10,5 % sobre ese préstamo inflado, junto a intereses ordinarios por los 21.500 en lugar de los 12.000. El colmo para su enojo llega al cobrarle la entidad bancaria 49 euros de comisión por la gestión de reclamación de deuda al vencer el préstamo de 21.500 y haber entrado derechos de PAC de 13.000 euros y no tener saldo suficiente para amortizar por los 9.500 euros que se apropió el presunto estafador. El cliente formuló una queja. El resultado: rechazada.
El banco, que anunció una auditoría interna cuyo resultado no ha sido comunicado e invitó a los clientes a hacer una reclamación por estas cláusulas y comisiones, ha desestimado todas las peticiones de los indignados consumidores que han sufrido un adicional quebranto económico al ya causado por los desmanes del cliente. Quizás, como dicen algunos en Gurrea de Gállego mientras el investigado se pasea plácidamente, son como el síndrome "del burro apaleado": a las penas del presunto crimen, se suman las tristeza por el ensañamiento de los procesos sin cara y ojos.