Por un momento, al ver a las hordas manifestantes abalanzarse sobre los exiguos efectivos policiales (empieza a ser norma dejar a los defensores del orden en franca indefensión, lo cual es una contradicción in terminis), pensé que el enfado procedía de la prohibición de entrar en el foro inmobiliario en Valencia. Fue avanzar la noticia y, en segundos, descubrí que lo que se trataba en ese espacio de reflexión sobre el sector que más preocupa a los españoles no importaba, para nada, a quienes utilizaban las vallas contra los agentes, entre los que hubo nueve heridos. España se nos está poniendo del revés, con muchos casos en los que los armados protagonizan un balance médico muy superior a los protagonistas de los disturbios, envalentonados por un sistema que vulnera el Derecho... y la lógica.
No hubiera venido mal que, educadamente, habrían pedido acceder al foro. Como bien podrían haberse acercado este mismo viernes al Salón Inmobiliario del Alto Aragón en Barbastro, donde el Centro de Congresos se llenó de conocimiento fundamentado y científico en boca de Juan Velayos, Juan Carlos Bandrés, Antonio Estepa, Eric Sánchez, David Martínez Montero y Gonzalo Bernardos, por orden de aparición. De haber acudido, habrían entendido que el debate político en torno a la vivienda es "frívolo y absurdo", con el efecto del engaño a la demanda, esto es, al inquilino o al aspirante a propietario de un hogar.
Es paradójico. Soy de los que defiende la realidad del cambio climático y también la acusación a los negacionistas de que prefieren el prejuicio a la ciencia. Es tan abrumador el predominio de los científicos de verdad y de la mera observación que rechazar la idea de que nuestro planeta está transformándose en general para peor se me antoja entre reduccionista y obstinado. Una posición política que cierra las puertas al raciocinio, aunque también es cierto que es una causa que reduce su efecto formativo por los abusos. Sucede como con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tan inconstestables en su enumeración como dudosos en algunas pretensiones ventajistas para imponer determinados postulados. Pero, existir, existe. Y son metas en las que confluir pese a los extremos y los excesos.
El mismo argumento que defienden las posiciones políticas que colocan la emergencia climática como el mayor reto de la actualidad -en una evidente sobreactuación- es al que se resisten en materia de vivienda. Nadie en Sol, nadie de la extrema izquierda quiere escuchar. Prefieren proclamar, vociferar e imponer. Sólo así se explica que el caso Maricarmen haya acabado primero en una acampada infantil -así son las proclamas- y en una convocatoria de elecciones en busca de una ola sobre la que surfear en mares de corrientes contrarias. Eslóganes inconsistentes, lemas ridículos, expresiones que no se sostienen, paradigmas que se derriban solos (patrimonios de Bardem, Almodóvar, Wyoming y tantos y tantos parlamentarios de todas las tonalidades). Ninguna pretensión de ciencia, de conocimiento, ni de realidad. ¿Tan agudos que son para la identificación del cambio del clima y tan obtusos para comprender que el problema de la vivienda no es sencillo sino que tiene demasiados vericuetos como para cernir todo en el comedero de unos buitres que no son siquiera el 8 % de los inversores? No, tiene que haber más. Hay más. Es la Rebelión en la Granja, es Aldous Huxley, es 1984, es la nostalgia de regímenes absurdos. Es la mentira repetida miles de veces con la estulta pretensión de convertirse en realidad. Si funciona, si cuela, tenemos un problema de calidad democrática.
La solución al problema de la vivienda y de los alquileres es inviable a corto plazo. Establecer decretos con medidas absolutamente inviables y corrosivas es una ocurrencia, sin más. O un engaño, nada menos. Preocupa a los españoles porque nuestro país no vive un mundo feliz (salvo que consideremos la inquietante magnitud literaria de Huxley que transitara de distopía a realidad). Los sueldos son minúsculos, los precios mayúsculos y el parque de pisos absolutamente insuficiente. La subida de precios ha sido escandalosa, pero no por la especulación, sino por la falta de planificación -que no es lo mismo que el exceso de regulación-. De las 758.000 unidades que se construían en 2008 hemos transitado a poco más de cien mil anuales, entre tres y cinco veces menos que los seres humanos que residen en España por vez primera cada ejercicio.
Para ir conquistando mayores guarismos en la oferta, es preciso capital. Ese que se está yendo de España en una reacción razonable. Si en tu casa a alguien le llamas buitre, máxime cuando la ministra de turno le añade lo de carroñero -la misma que es multipropiedad-, es muy difícil retenerle y pretender que suelte la faldriquera. La construcción tradicional, ayuna de mano de obra, no tiene margen de maniobra en estas condiciones. La burocracia infinita. Y el abuso impositivo. Sucede como con los combustibles: un porcentaje sobre el doble es el doble absoluto que sobre la mitad. El Estado se frota las manos. De cada litro de gasóil, un pavo a la alforja, el doble que cuando estaba a euro. De cada vivienda, un porcentaje infame. No para Maricarmen, de la que no tenemos pruebas pero sobre todo dudas de que tiene el riñón bien cubierto, sino para esos jóvenes que ni en pareja pueden afrontar la carestía de la vivienda.
En el alquiler, la manera de mejorar la condición de los inquilinos no pasa por asaltar los bienes de los arrendadores, en la infinita mayoría de los casos ahorradores que han invertido en vivienda con muchísimo esfuerzo. Lo de los diputados que tienen 12, 10, 9 u 8 pisos que arriendan es para un estudio aparte, merecen ser ministros de economía y de hacienda, aunque escuchándoles hablar uno puede tener la tentación de sospechar. Lo que hay que hacer es garantizar seguridad jurídica. Gonzalo Bernardos lo señalaba: el sector público no quiere hacer vivienda de alquiler porque la experiencia reza que aquellos ayuntamientos que hacen esta apuesta acusan una tasa de morosidad superior al 40 %. Lo que exigen a los propietarios -"los rentintas" que dice el sindicato- lo rechazan para sí mismas las administraciones.
Con un escueto análisis como éste, se derrumba el efecto del dogmatismo y de la demagogia. Si en ocho años la política de vivienda ha estado ausente, una solución no puede llegar como fruto de la presión de manifestantes iletrados en la materia, que siguen consignas de manera acrítica. Directamente, mentira. La profundidad de la problemática de la vivienda exige estudio, análisis del entorno -también los salarios y el poder adquisitivo-, diagnóstico y planificación para la ejecución. A partir de ahí, repartir las cargas y que el Estado sea consciente de que no puede abusar recaudatoriamente porque el perjuicio al ciudadano es estratosféricamente superior a la escualidez de los servicios de una administración obesa y de una clase política muy, pero que muy excesiva. No sirve ser exquisitamente condescendiente con las doctrinas del cambio climático y absurdamente superficial con una lacra tan seria como es la de la vivienda. Den pasos, pero con honradez intelectual y altura de miras. Ya saben lo de Churchill, políticos que se convierten en estadistas no cuando piensan en las próximas elecciones sino en las siguientes generaciones. Lo que falta en este debate.
P.D.: Otro prejuicio que se contrapone a la realidad. Como explicó David Martínez, los centros de datos son una oportunidad para Aragón que para nada tienen las contraindicaciones que se argumentan ideológicamente: ni consumen agua, ni exceso de electricidad ni hacen un gran ruido. Pero, dicho lo cual, en este mundo global, si el decreto pretendido por el Gobierno central se lleva a término, ya estarán Portugal y Marruecos a la espera de ver lo que les cae. Si es que no tenemos remedio...