Veintitrés afectados por el "caso Garajes" han solicitado al Juzgado de Instrucción número 4 que se autorice a la Policía Judicial el acceso a los saldos y movimientos de la cuenta bancaria de Desarrollo Inmobiliario Sierra de Guara para averiguar el destino de las cantidades abonadas a la empresa de R.P.V. desde el 19 de julio de 2022 en la que se habría suscrito el contrato de opción a compra con Beltrán Álvarez Inmobiliaria S.L. hasta la actualidad.
Las víctimas de este asunto, que permanece en el número 4 después de que la titular del 2 no haya aceptado la inhibición que pretendía la juez que atendió el caso cuando RPV fue detenido, han planteado esta actuación y también amplían el marco a todas aquellas cuentas bancarias que puedan aparecer a partir de estas investigaciones.
La abogada Arantxa Guarga Sastrón añade un segundo punto en estas diligencias previas: "A fin de conocer el contenido del contrato de opción a compra suscrito entre Desarrollo Inmobiliario Sierra de Guara y la mercantil Beltrán Álvarez Inmobiliaria S.L., así como los detalles del procedimiento judicial habido entre ambas mercantiles tramitado en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Huesca en autos de Juicio Verbal nº 649/2023, habida cuenta que se encuentra íntimamente relacionado con la estafa, siendo imprescindible conocer los detalles de ese contrato y de dicho procedimiento judicial, solicitamos se una testimonio completo de dicho procedimiento a los presentes autos".
Respecto a la inhibición, la titular del 2 afirma que, "encontrándonos ante un delito previsto y penado en el artículo 251.1º del Código Penal, tenemos que tener en cuenta que el primer acto de disposición que realiza el investigado sobre un bien inmueble de cuya factultad de disposición carece es en fecha 13 de octubre de 2022, fecha en la que formaliza el primer contrato de compraventa. En tal fecha, no se encontraba de guardia este Juzgado, sino el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.5 de esta ciudad". Quiere decir que el asunto se devuelve al 4 y habrán de ser los órganos jurídicos los que determinen cuál será el que juzgue.
BELTRÁN ÁLVAREZ OFRECE LA COMPRA POR 450.000 EUROS
Por otro lado, la compañía Beltrán Álvarez ha ofrecido a los afectados por la que la Policía Nacional ha calificado como la mayor "macroestafa" en muchos años en Huesca una propuesta para que recuperen la instalación íntegra por un volumen global de 450.000 euros.
La mercantil a la que RPV no habría satisfecho la cantidad acordada en origen ha lanzado a los firmantes del contrato privado esta proposición que exigiría, como opción, la creación de una cooperativa para asumir proporcionalmente ese desembolso para recuperar los 30 garajes y 24 trasteros con titularidad de la nueva sociedad. Una alternativa que algunos afectados no aceptan porque pretenden el reconocimiento final de la propiedad de cada una unidad por la que pagaron veinte mil euros en el caso de los garajes y entre ocho y diez mil de los trasteros.
Existe inquietud por parte de los partícipes de la acusación contra RPV por la demora en el proceso judicial a la espera de la resolución de los recursos presentados por los abogados Guarga, Piedrafita, Marcuello y Martín coincidentes en reclamar la prisión bajo fianza de 800.000 euros atendiendo a la calificación por la juez de "estafa agravada" y entendiendo que sí hay riesgo de fuga y de posibilidad de ocultación de pruebas.