"Cumpliéndose todos los requisitos para acordar la prisión provisional del investigado, establecidos en el art. 503.1 y 503.2 de la LECR, y siendo insuficientes las medidas acordadas para evitar el riesgo de fuga, ocultación de pruebas y reiteración delictiva, debería revocarse el auto de 23 de mayo de 2025, acordando la prisión provisional de don Modesto Luis Ramón Pérez Villacampa eludible con fianza de 800.000 euros". Es el final del recurso de reforma y subsidiario de apelación de 23 afectados por el Caso Garajes representados por la letrada Arantxa Guarga.
En las alegaciones, comienza explicando los detalles del auto que ya reveló EL DIARIO DE HUESCA y que atribuía indicios de criminalidad en Modesto Luis Ramón Pérez Villacampa. De ahí, asegura que su discoinformidad con la libertad provisional acordada se debe a que "nos encontramos ante un delito continuado de estafa agravado por darse las circunstancias del artículo 250.1 ordinales 5 y 6 del CP, debiendo tenerse en cuenta que el valor total de lo defraudado supera con creces el límite de los 50.000 euros dispuesto en el art. 250.1 ordinal 5, puesto que estamos ante un total superior a 753.700 euros defraudados a un mínimo de 26 particulares que han denunciado estos hechos hasta el momento, habiéndose cometido la estafa bajo la apariencia empresarial de confianza a todos los denunciantes".
"Unos hechos de extraordinaria gravedad y alarma social respecto de los cuales el investigado no ha dado ningún tipo de explicación, negándose a responder a las preguntas tanto del Ministerio Fiscal como de las acusaciones particulares, "sin haber dado explicación alguna al respecto de las cantidades abonadas por el mismo con motivo de la promoción llevada a cabo en dicho local, ni por supuesto del destino del dinero que percibió de todos los denunciantes, que asciende a la cantidad de al menos 753.700 euros, de los cuales más de 650.000 euros corresponden a mis representados, cuando de los contratos de compraventa que obran en el atestado se desprende que el investigado daba la apariencia de que las escrituras de compraventa se iban a firmar en breve plazo, cuando por otro lado era conocedor de que ello era imposible" como constatan las resoluciones judiciales aportadas por la defensa relacionadas con el procedimiento civil seguido a instancia de Belatrán Álvarez Inmobiliaria con motivo del incumplimiento del contrato de opción a compra expirado desde el día 20 de junio de 2023, agrega el escrito de Arantxa Guarga.
Alude también al método utilizado por el empresario a partir de esa fecha con varios contratos de compraventa firmados a partir de esa fecha en los que percibía el importe íntegro de la compraventa, IVA incluido, estableciéndose que "en plazo de un mes aproximadamente se firmaría la escritura pública de compraventa, consiguiendo de esa forma que los compradores desembolsaran el importe íntegro de la operación, ante la apariencia de esa inminente escritura pública de compraventa que se hacía depender única y exclusivamente de la autorización administrativa correspondiente, como consta en la estipulación cuarta del contrato, ocultando, sin embargo, el incumplimiento por su parte del contrato de opción a compra con la propiedad".
Añade el recurso de los 23 afectados que "no solamente iba diciendo a los compradores que se iba a firmar la escritura de compraventa, dándoles citas imposibles en la notaría, sino que incluso fue firmando contratos de compraventa y percibiendo el importe íntegro de las compraventas hasta el mes de diciembre de 2024, apropiándose de esa forma de una cantidad superior a los 750.000 euros".
Esgrime el documento que, a día de hoy, el investigado "sigue regentado su inmobiliaria con total normalidad y que aunque al parecer ha declarado un preconcurso de acreedores en la mercantil Desarrollo Inmobiliario Sierra de Guara S.L., a día de hoy no ha intentado ningún tipo de negociación al menos con mis representados, y por tanto existe un riesgo de que pueda seguir realizando negocios fraudulentos similares al que nos ocupa, estafando a más personas, de hecho, como consta en el atestado, sigue colgado un cartel en el local publicitando la venta de garajes en dicho local de Joaquín Costa",
No comparte tampoco la apreciación del auto sobre el riesgo de ocultación de pruebas, que considera que no existe sólo por que pueda ocultar información que se extraiga del Registro de la Propiedad, Mercantil o de sus cuentas bancarias, sino también de que "pueda ir dilapidando el dinero estafado, respecto del que no ha dado ninguna información precisa sobre su paradero ni destino, motivo por el cual se considera apropiada la prisión provisional eludible con una fianza de 800.000 euros, con el fin de poder conseguir la finalidad de que ese dinero defraudado aparezca y quede custodiado mientras se proceda a la instrucción y enjuiciamiento de los hechos, o que permanezca en prisión hasta que se esclarezca al menos la situación patrimonial del investigado, sin que podamos aceptar el argumento de que durante los meses previos a la detención, en virtud de las noticias de prensa habidas en relación con estos hechos, haya podido ya proceder a la ocultación de pruebas".
Añade que "estamos ante unos afectados que han perdido una parte importante de sus ahorros, con un perjuicio económico de extraordinaria importancia, que de no conseguir la recuperación de su dinero, supondrá un doble desembolso, en caso de que quieran mantener la propiedad de los garajes y trasteros que en su día ya compraron, o en caso de que su economía no se lo permita, verse abocados a una ruina económica al haber visto frustrada su inversión inmobiliaria".
También alude al riesgo de fuga que el auto niega por acudir el investigado a la Policía voluntariamente cuando fue citado o por su domicilio conocido, al apear la letrada a la importancia del delito y de la cantidad defraudada. Recuerda que, en su declaración, reconoció el empresario que "se encuentra totalmente desbordado y agobiado ante esta situación, expresando un importante malestar emocional por todo ello, lo cual no solamente puede suponer un riesgo de fuga, sino incluso algún intento de cualquier otro tipo de actuación con el fin de eludir enfrentarse a este procedimiento judicial". Implicaría para las "víctimas de toda esta estafa" que pudieran ver frustrada la "finalidad de poder encontrar sentado en el banquillo al Sr. Pérez Villacampa, administrador y socio único de la mercantil Desarrollo Inmobiliario Sierra de Guara S.L., impidiéndoles recobrar las importantes cantidades defraudadas".
Cabe recordar que este asunto ha sido trasladado al Juzgado de Instrucción número 2 por inhibición del número 4.
SOLICITUD DE PRUEBAS
La representación de los 23 afectados también ha solicitado que la jueza autorice la realización de pruebas por la Policía Judicial en la cuenta bancaria del empresario en el Banco Santander desde el 19 de julio de 2022, cuando se suscribió el contrato de opción a compra con Beltrán Álvarez Inmobiliaria.
Además, pide conocer el contrato de opción a compra suscrito entre Desarrollo Inmobiliario Sierra de Guara y la mercantil Beltrán Álvarez Inmobiliaria S.L., así como los detalles del procedimiento judicial habido entre ambas mercantiles tramitado en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Huesca en autos de Juicio Verbal nº 649/2023, al entender que "se encuentra íntimamente relacionado con la estafa, siendo imprescindible conocer los detalles de ese contrato y de dicho procedimiento judicial".