El subdelegado del Gobierno de España en Huesca, José Carlos Campo, ha presidido este jueves el acto del 47º aniversario de la Constitución Española, que se celebra el 6 de diciembre, en una intervención en la que ha conmemorado los 50 años de la Transición y ha defendido la democracia como el cimiento que ha permitido avances decisivos en derechos sociales y en el desarrollo de los servicios públicos. Campo ha enumerado los hitos legislativos aprobados desde 1978, entre ellos la Ley del Divorcio, la despenalización del aborto y la Ley del Matrimonio Igualitario, y ha contrapuesto estos logros al periodo de la dictadura franquista.
Además, ha refutado a quienes reclaman recortar el Estado social, al sostener que la democracia es imprescindible para financiar las becas, la sanidad pública y la ayuda a los colectivos vulnerables. El subdelegado también ha abordado el cumplimiento del artículo 47 sobre el derecho a una vivienda digna, y ha detallado las iniciativas y la inversión del Gobierno en proyectos de vivienda protegida en Huesca y Aragón. Finalmente, ha reiterado que la Constitución sigue siendo la guía para construir el futuro que anhela la ciudadanía.
El encuentro ha tenido lugar en la Subdelegación y ha contado con la presencia de autoridades civiles, militares, judiciales y eclesiásticas, así como responsables de la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma y miembros de la sociedad altoaragonesa. Antes de la intervención del subdelegado, han leído algunos artículos de la Constitución el secretario regional de UGT Aragón, Julio Tejero, el secretario provincial de CCOO, José Vegas, la presidenta de la Coordinadora de Mujeres de Monegros, Ana Belén González, y la presidenta de la Audiencia Provincial, Marina Rodríguez, a quienes ha ido dando paso la secretaria general de la institución, Amparo Roig.
Campo ha abierto su intervención expresando su solidaridad con los vecinos y vecinas de la plaza de Santa Clara y su disposición de colaboración institucional con el Ayuntamiento en “este momento tan difícil para la ciudad”.
El subdelegado ha enmarcado el acto en la conmemoración de los cincuenta años del inicio de la Transición Española, cuyo hito fundamental fue la aprobación de la Constitución en 1978. Ha explicado que esta edición se ha celebrado con la presencia de representantes sindicales, de la lucha feminista y del ámbito judicial, a quienes ha agradecido su implicación al considerarlos “protagonistas de algunos de los grandes cambios de estas décadas”.
Durante su intervención, Campo ha vinculado la efeméride con el programa ‘50 años de España en Libertad’, que ha permitido recordar “lo gris, lo terrible que fue nuestro país” durante la dictadura franquista y repasar, al mismo tiempo, los avances logrados desde la recuperación de la democracia. Ha reivindicado el papel de la ciudadanía, tanto de manera individual como organizada, en la construcción de una sociedad más igualitaria y en la ampliación de derechos asentados sobre “el formidable armazón que es la Constitución Española”.
En ese recorrido histórico, ha citado hitos legislativos que han marcado estas décadas, desde la Ley del Divorcio de 1981 hasta la Ley Integral para la Igualdad de trato de 2022, pasando por la despenalización del aborto, la Ley Integral contra la Violencia de Género y la Ley del Matrimonio Igualitario.
Además, ha recordado también el reverso de estos avances al subrayar que “hasta hace no tanto” divorciarse no era posible, una mujer no podía decidir sobre su cuerpo, la violencia machista quedaba camuflada como asunto doméstico, las parejas del mismo sexo vivían al margen de la ley y no existía legislación específica para combatir la discriminación.
Por ello, ha afirmado que el país ha avanzado de manera sólida, hasta el punto de poder subrayar cada palabra del artículo 1 de la Constitución, que ha citado textualmente: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
En su análisis del presente, Campo ha rebatido las voces que cuestionan el papel de la democracia y del Estado social, a las que ha definido como “montaraces”. Ha explicado que estas posiciones defienden que la democracia es un obstáculo para la prosperidad o que los impuestos deben reducirse al mínimo para que cada cual costee su educación o su atención sanitaria. A su juicio, tales opiniones “solo pueden venir de gente que vive en una realidad paralela”, ajena a las desigualdades, a la enfermedad o a los desastres naturales.
En esta línea, ha interpelado a quienes sostienen estas tesis a explicar a los estudiantes que acceden a la universidad gracias a becas, a los pacientes de la sanidad pública, a los municipios que reciben ayudas tras temporales o a los agricultores que dependen de la PAC, que todos esos recursos son gastos superfluos. Ha remarcado que “si hoy hay becas, si hoy hay servicios públicos, si hoy se ayuda a los colectivos vulnerables y, también, a los que más aportan a la sociedad es porque tenemos democracia”.
Campo ha extendido esta defensa a un concepto de democracia plenamente inclusivo, al afirmar que es “una democracia, por cierto, en la que cabemos todos; que se hace más fuerte cuanto más integradora es”.
España, ha agregado, ha pasado en cinco décadas “de ser un país de emigrantes a ser un país de acogida” y esta transformación también se refleja en la provincia, donde el crecimiento poblacional se ha sostenido gracias a la llegada de nuevos vecinos procedentes de Colombia, Rumanía, China o Malí. Ha planteado, en este sentido, qué pensarán “aquellos españoles y españolas, que tuvieron que emigrar en los años 60 y 70” cuando observan que hoy existen instituciones que “torpedean la acogida de quienes, como ellos entonces, solo buscan un futuro mejor”.
El subdelegado ha advertido de que negar la ayuda a quien la necesita, recortar derechos, no financiar los servicios públicos o desatender lo básico vacía la democracia de contenido, motivo por el que ha reivindicado la importancia de escuchar a quienes defienden la sanidad, la educación, la ayuda al refugiado, la participación ciudadana o el derecho a una vivienda digna.
En este punto, Campo ha abordado específicamente el contenido del artículo 47 de la Constitución, recordando que este año se cumplen 47 años del texto constitucional y que dicho texto recoge un derecho esencial: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
Ha explicado que “hoy la ciudadanía nos mira, como poderes públicos que somos, y nos exige soluciones para la vivienda”, un reto ante el cual ha asegurado que el Gobierno de España ha tomado la iniciativa. Ha recordado que en octubre se aprobó el traspaso del solar de la antigua cárcel de Huesca a la nueva Entidad Estatal de Vivienda para construir 140 viviendas protegidas y asequibles dentro del modelo de vivienda pública del Ministerio.
Campo ha detallado las cifras de inversión en Aragón, donde el Ministerio de Vivienda ha destinado 325 millones de euros que han permitido movilizar 5.971 viviendas, 1.036 de nueva construcción y 4.935 en rehabilitación. Ha citado entre ellas las viviendas de La Merced, en Huesca, y las de Boltaña, cuya primera piedra fue colocada recientemente.
Asimismo, ha señalado que la colaboración institucional existe, aun cuando no siempre se visibiliza, y ha apuntado que incluso podría intensificarse, puesto que la Ley de Vivienda del Gobierno de España pone a disposición de Aragón mecanismos para bajar el precio del alquiler en zonas con mayor presión inmobiliaria.
En el tramo final de su intervención, Campo ha reiterado que la Constitución continúa siendo la guía para construir el futuro que anhela la ciudadanía, una herramienta viva que, a su juicio, sigue ofreciendo garantías para sostener derechos, fortalecer la cohesión social y ampliar las oportunidades en un país que, ha concluido, ha sabido avanzar gracias a su democracia.
Campo ha asegurado que la colaboración institucional existe y puede ser aún más intensa, al subrayar que “estamos colaborando, pero podemos hacerlo más y mejor”. Ha añadido que, en lo que respecta a la Subdelegación, “siempre tenemos la mano tendida para mejorar nuestra provincia”.
En la misma línea, ha destacado la voluntad de compartir los avances que se van logrando, y ha recordado que “también estamos siempre dispuestos a celebrar juntos los grandes momentos, como fue el pasado 1 de octubre la apertura del tramo de la autovía de Siétamo”. Habrá nuevas oportunidades, ha comentado, para demostrar que, “por encima de instituciones y colores, nuestra prioridad compartida es mejorar la vida de la ciudadanía”.
Antes de cerrar su intervención, el subdelegado ha querido dedicar un reconocimiento expreso a los servidores públicos que hacen posible la labor de la Administración General del Estado en la provincia. Ha agradecido “al personal de las distintas delegaciones ministeriales, que saca adelante cuestiones tan importantes como las pensiones, los tributos, el empleo, las carreteras o la seguridad vial”, así como “a los hombres y mujeres de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que nos permiten disfrutar de una de las provincias más seguras de España”.
El subdelegado también ha extendido su agradecimiento a las Fuerzas Armadas, al considerar que su presencia “refuerza la cultura de la Defensa en nuestro territorio”, y ha querido detenerse especialmente en el personal de la propia Subdelegación, a quienes ha dirigido unas palabras de bienvenida, “en especial a las nuevas incorporaciones”, deseándoles que hagan de la provincia su hogar.
Campo ha concluido su discurso regresando al sentido profundo de la efeméride, al recordar que, aunque se ha avanzado mucho en 50 años, aún quedan metas por alcanzar. De poco sirve repasar la historia “si no atendemos los anhelos de las mujeres y hombres que hoy, ahora, están dando los primeros pasos hacia un proyecto de vida”. Por ello, el subdelegado ha sostenido que en la Constitución, “47 años después, sigue estando la respuesta para construir el futuro que imaginan”.