El letrado oscense funcionario del Gobierno de Navarra Lorenzo Serena ha vuelto a la actualidad después de meses en que fue foco de atención por las represalias que presuntamente sufrió por negarse a una adjudicación polémica de las obras de los túneles de Belate.
Si ya Anticorrupción reconoció que había sufrido "represalias". la misma Oficina de Buenas Prácticas ha abierto un proceso sancionador con posible multa de entre 30.000 y 300.000 euros por modificar la placa del oscense y ubicarla en una nave del polígono industrial de Landaben. Los implicados son el que fuera director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, y el director del servicio de Conservación, Pablo González.
Según explica Diario de Navarra, la OANA (Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción) que dirige Edurne Eginoa estima que hubo una infracción muy grave de la ley protectora de los denunciantes de incumplimientos de la ley y de casos de corrupción, por modificar la citada plaza del oscense, quien denunció ante esta oficina irregularidades en el proceso de adjudicación de las obras del túnel de Belate.
Serena, que incluso llegó a comparecer en el Senado para explicar esta situación. adujo que había tres irregularidades básicas en el proceso de adjudicación que configuraron "un acto arbitrario".
Tras sus discrepancias con otros miembros de la mesa, el cambio de ubicación de su lugar de trabajo fue considerada por el consejero Óscar Chivite, tío de la presidenta del Gobierno de Navarra, una reorganización normal. Sin embargo, Eginoa compareció en la comisión parlamentaria del legislativo foral sobre el caso Belate y afirmó que había sufrido ·una represalia de manual".
Tras solicitar el expediente a Chivite, Eginoa explicitó que se le cambió a Serena la adscripción de una plaza que tenía desde 2017 y argumentó que había habido contradicciones entre los protagonistas del cambio. De hecho, Pablo González sostuvo que había sido idea del director general sacarlo de su edificio de la Avenida San Ignacio "por el mal ambiente que había".
El proceso sancionador ha tenido reacciones de distinto orden. Por un lado, el Gobierno de María Chivite insiste en que se trata de un asunto "entre particulares" e incide en la idea de la reorganización administrativa. Por su parte, UPN critica la "inacción" del consejero Chivite e incide en el asunto de fondo de las irregularidades del proceso de adjudicación de las obras de Belate.