Las víctimas de las agresiones atribuidas al grupo de menores investigado por varios ataques ocurridos en Huesca durante el mes de julio han mantenido este viernes una reunión con la alcaldesa, Lorena Orduna, para trasladarle una batería de propuestas con las que pretenden reforzar la seguridad, mejorar la atención a quienes sufren este tipo de delitos y evitar que se repitan nuevos episodios de violencia.
El encuentro, solicitado por los propios afectados, ha servido para entregar a la alcaldesa un documento con diez medidas que, según explican, persiguen un objetivo común: "Que ninguna otra persona o familia tenga que pasar por una situación similar". Los asistentes son conscientes de que muchas de las iniciativas exceden las competencias municipales, aunque consideran que el Ayuntamiento puede desempeñar un papel decisivo impulsando actuaciones y coordinando a las distintas administraciones.
Entre las principales propuestas figura una condena institucional de las agresiones registradas en la ciudad, con un mensaje público de respaldo a las víctimas y de rechazo a cualquier forma de violencia. También solicitan la elaboración de un plan específico de seguridad para las zonas donde se han producido los ataques, reforzando la presencia policial en los días y horarios de mayor riesgo.
El documento reclama además ampliar la videovigilancia mediante la instalación de nuevas cámaras y la mejora de las ya existentes, siempre dentro del marco legal, para facilitar la prevención de los delitos, la identificación de los autores y el esclarecimiento de los hechos. También solicita revisar la iluminación de las zonas donde se han producido las agresiones para eliminar aquellos puntos que puedan favorecer situaciones de inseguridad. Asimismo, plantea la creación de un protocolo municipal de atención a las víctimas que ofrezca desde el primer momento información clara sobre los pasos que deben seguir tras una agresión, orientación jurídica básica, acceso a recursos psicológicos y sociales y coordinación entre los distintos servicios públicos.
Las víctimas también piden que el Ayuntamiento habilite una persona o servicio de referencia que acompañe inicialmente a los afectados y a sus familias, facilitando la coordinación con la Policía, los servicios sanitarios y el resto de organismos implicados. Asimismo, proponen constituir una mesa permanente de coordinación integrada por representantes del Ayuntamiento, Policía Local, Policía Nacional, Fiscalía de Menores, centros educativos y entidades sociales para analizar la evolución de estas agresiones, compartir información y coordinar medidas preventivas.
El documento también solicita que el Ayuntamiento impulse, dentro de sus competencias y ante las administraciones correspondientes, una revisión de los protocolos de actuación cuando los agresores sean menores de edad, reforzando la implicación inmediata de sus padres o representantes legales desde el primer momento. Además, las víctimas piden el respaldo institucional para promover una reforma de la legislación sobre responsabilidad penal de los menores, mediante una campaña de recogida de firmas que aspiran a trasladar posteriormente al Congreso de los Diputados.
Tras la reunión, una de las asistentes ha asegurado a El Diario de Huesca que el encuentro se desarrolló en un clima de cordialidad. "Nos han atendido bien", ha resumido. Ha añadido que el objetivo del colectivo no es centrar el debate en los ataques sufridos, sino evitar que vuelvan a producirse. "Lo que queremos no es decir lo que nos han hecho, sino que esto pare ya", ha afirmado.
También ha reconocido que muchas de las medidas planteadas dependen de otras administraciones, aunque considera que el Ayuntamiento puede desempeñar un papel mucho más activo. "Sabemos que la ley es como es y hay unos protocolos, pero desde la Alcaldía se pueden hacer más cosas", ha señalado.
Uno de los asuntos en los que hicieron especial hincapié fue la modificación de la legislación sobre los menores infractores. Según ha explicado, las víctimas quieren iniciar una campaña de recogida de apoyos ciudadanos y solicitaron la colaboración del Ayuntamiento para darle recorrido institucional. "Hemos hecho hincapié en que queremos recoger firmas para cambiar la ley del menor y hemos pedido apoyo para llevarlas después al Congreso o donde haga falta", ha indicado.
Durante el encuentro también han planteado que el Ayuntamiento elaborase informes periódicos sobre las agresiones violentas registradas en la ciudad, las actuaciones realizadas y las medidas adoptadas para prevenir nuevos hechos, con el objetivo de informar a la ciudadanía con mayor transparencia. Sin embargo, según han trasladado las víctimas, este fue el único punto que el Consistorio ha rechazado.
La reunión se produce después de que la Policía Nacional haya detenido a cinco menores por una cuarta agresión grupal ocurrida el pasado 11 de julio en la calle San Lorenzo, en la que un hombre sufrió una fractura de costilla y lesiones dentales tras intervenir para evitar que otro joven siguiera siendo golpeado. Con esta actuación son ya cuatro las agresiones que los investigadores atribuyen al mismo grupo de menores.
En los últimos días, varias víctimas relataron públicamente a El Diario de Huesca las secuelas físicas y psicológicas que arrastran tras las agresiones, denunciaron el miedo con el que siguen conviviendo y reclamaron una respuesta institucional más contundente para impedir que hechos similares vuelvan a repetirse.