El Ayuntamiento de Huesca destina 333.000 euros en el presupuesto de 2026 a las actuaciones derivadas de la emergencia registrada en los bloques de la plaza de Santa Clara, con el objetivo de atender a las familias afectadas, garantizar su seguridad y apoyar la rehabilitación de los edificios, según ha explicado la alcaldesa, Lorena Orduna.
La regidora, en la rueda de prensa convocada para presentar el presupuesto municipal del próximo ejercicio, ha recordado que la situación vivida en Santa Clara obligó a activar un decreto de urgencia para evacuar a cerca de 200 personas, una medida que ha calificado de necesaria y que, ha subrayado, volvería a adoptarse si se repitiera una circunstancia similar. “La base es el decreto y, a partir de ahí, promover ayudas de emergencia en el ámbito social y familiar y después las reparaciones en los edificios”, ha señalado.
Las partidas incluidas en el presupuesto municipal se articulan en tres líneas principales: ayudas de urgencia, instalación y arrendamiento de puntales y ayudas a particulares para la rehabilitación de los inmuebles. Orduna ha precisado que estas subvenciones municipales se complementarán con las que habilite el Gobierno de Aragón, tal y como el Ayuntamiento ha defendido “desde el primer día”.
La alcaldesa ha insistido en que el Consistorio no puede asumir directamente las reparaciones estructurales, al tratarse de edificios privados, pero sí tiene la obligación legal de articular ayudas y subvenciones directas. “El Ayuntamiento tiene que dar ayudas, no acometer los gastos de reparación por sí mismo porque es ilegal”, ha explicado.
En el plano social, Orduna ha garantizado que todas las familias que tuvieron que dejar sus casas cuentan con alojamiento, que se mantendrá “indefinidamente” mientras se analiza la situación personal y familiar de cada caso. “Habrá ayudas, se les hará seguimiento y cuidaremos a las familias. Para eso estamos, que nadie lo dude”, ha afirmado.
La alcaldesa ha enmarcado estas actuaciones dentro de una estrategia más amplia de inversión social y de cuidado de la ciudad, que incluye la rehabilitación urbana, las ayudas a la vivienda y el mantenimiento del patrimonio municipal. En este contexto, ha destacado que en los últimos ejercicios se han invertido 1,2 millones de euros en el mantenimiento de edificios públicos, una línea que también queda reflejada en las cuentas de 2026.
Orduna ha concluido que el caso de Santa Clara ha marcado de forma significativa la planificación presupuestaria y ha reforzado la prioridad del equipo de gobierno por proteger a las personas, evitar el deterioro urbano y actuar con previsión ante situaciones de emergencia.
EL AYUNTAMIENTO TRABAJA EN PROTOCOLOS
El teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Ricardo Oliván, ha añadido que el esfuerzo municipal para paliar las consecuencias de la emergencia comenzó ya en 2025, con actuaciones cuyo coste final todavía no está cuantificado, pero que rondará los 100.000 euros, financiados con cargo tanto al presupuesto de este ejercicio como al de 2026.
Oliván ha detallado que, de cara al próximo año, se incrementa en 93.000 euros la partida de ayudas de urgencia, que tendrá además carácter ampliable, y se ha previsto una dotación aproximada de 90.000 euros para la instalación y el alquiler de puntales, una cuantía que dependerá de la evolución de los trabajos técnicos y del tiempo durante el que sea necesario mantener estas estructuras de seguridad.
Asimismo, el concejal ha precisado que se ha consignado una partida inicial de 150.000 euros en subvenciones directas a los propietarios de los tres edificios afectados, destinada a ayudar a sufragar las inversiones que cada vecino deberá afrontar en función de la derrama correspondiente para resolver los problemas técnicos de los inmuebles, una cantidad que también podrá ampliarse si la situación lo requiere.
El responsable de Hacienda ha subrayado que la experiencia de Santa Clara servirá para dejar preparadas estas ayudas y actuaciones para el futuro. En este sentido, ha avanzado que el Ayuntamiento trabaja en la protocolarización tanto de las ayudas de urgencia como de las ayudas específicas para la rehabilitación de edificios, con el fin de que puedan aplicarse a cualquier otro caso similar que se produzca en la ciudad y que implique un decreto de emergencia y un desalojo.
Además, Oliván ha señalado que el área de Hacienda estudia la revisión de distintas figuras tributarias, como el ICIO y las tasas por ocupación de la vía pública, para determinar posibles bonificaciones o ventajas fiscales en situaciones como la de Santa Clara. Estas medidas, que deberán ajustarse a la legalidad vigente, se sumarían a las bonificaciones ya anunciadas en basuras y agua y podrían hacerse extensivas a futuros casos de características similares.